El ministro peruano del Ambiente, Antonio Brack, apoyó hoy los pedidos para que se establezca una moratoria en la aplicación de un decreto recientemente firmado por el presidente Alan García para regular el ingreso de productos modificados  genéticamente en el país.

El decreto, aprobado el pasado 15 de abril y firmado por García y por el ministro de Agricultura, Rafael Quevedo, provocó un fuerte rechazo social en algunos sectores ante el eventual peligro para la biodiversidad peruana.

"Perú y el Ministerio de Ambiente, como lo expuse dos veces en el Congreso, necesita una moratoria, tal como está la situación actual de la gestión de los recursos genéticos, especialmente la de los organismos vivos modificados genéticamente", afirmó Brack a preguntas de periodistas tras la presentación de un documental.

El ministro, que negó haber recibido cualquier tipo de presión para aceptar el decreto, justificó la necesidad de retrasar su aplicación para poder "detectar" los centros de diversidad de productos agrícolas como el maíz, entre otros, todo un trabajo que "falta por hacer", alertó.

Rechazó la introducción de productos transgénicos en áreas de cultivos orgánicos. "Porque malogramos el negocio", sentenció Brack, quien agregó que su despacho ha elaborado un mapa de los centros de origen de la papa y del maíz.

El funcionario reconoció que el reglamento actual "no es lo suficientemente fuerte" e indicó que las normativas sobre productos transgénicos fueron elaboradas antes de la creación del Ministerio del Ambiente.

En ese sentido, defendió el "punto muy importante" de tipificar como delitos el cultivo de transgénicos ilegales para "que los irresponsables sean sancionados", pues señaló que actualmente sólo se penalizan con sanciones administrativas.

Brack insistió, sin embargo, en que el decreto fue consensuado entre los Ministerios de Agricultura y del Ambiente a lo largo de tres años, si bien admitió que el debate fue "muy difícil" ante la existencia de "dos grupos antagónicos en el país", detractores y partidarios de los productos transgénicos.

El ministro acudirá mañana a una comisión en el Congreso de la República para debatir la posibilidad de una moratoria de 15 años en la aplicación del reglamento, cuestión que se votará el próximo jueves, según informó.

Cuando se conoció el decreto del Gobierno, el famoso cocinero Gastón Acurio aseguró que las semillas transgénicas amenazan la biodiversidad peruana y denunció intereses económicos detrás de la medida.

Además, varias de las más importantes agrupaciones de agricultores, científicos y gastrónomos conformaron la semana pasada una coalición para luchar contra la implementación de la norma.

Sobre el tema, la experta Antonietta Gutiérrez afirmó hoy que la costa peruana corre el riesgo de convertirse en un semillero de transgénicos para nutrir al mercado internacional.

En una reunión con la prensa extranjera acreditada en Lima, Gutiérrez, profesora de la Universidad Nacional Agraria, remarcó que el decreto "ha salido entre gallos y medianoche" (a escondidas) y aseguró que se emitió a pesar de que los expertos de los Ministerios de Agricultura y Ambiente "no llegaron a ningún acuerdo".

"No concuerdan los objetivos con el ámbito de aplicación de la norma. Vamos a encontrarnos con la laxitud de una norma", alertó para luego decir que la aprobación de una moratoria "permitiría a la autoridad competente ver que nadie libere transgénicos en el ambiente".

Sin embargo, Luis Destefano, profesor de Biotecnología de la universidad privada Cayetano Heredia, defendió el ingreso de las semillas transgénicas y remarcó que los años han demostrado que son seguras y no afectan a los cultivos orgánicos.

Destefano, quien ha trabajado con transgénicos en otros países, afirmó que espera que el reglamento "no sea demasiado regulador", y subrayó que su universidad no recibe financiación de alguna trasnacional dedicada a los cultivos transgénicos, como le imputó Gutiérrez.