LIMA / Pronunciamiento. Un grupo de ciudadanos e instituciones vinculadas a la conservación de la naturaleza,  se pronunció a favor de la ampliación del debate ciudadano en torno al controvertido Proyecto de Ley N° 4750/2010-PE, “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil”, toda vez de que el congreso en funciones se encuentra de salida y sus miembros en pleno proceso de transferencia democrática. Como se sabe, el mencionado proyecto de ley conocido como Acuerdo Energético Perú-Brasil, ha sido puesto en tela de juicio por distintas organizaciones de base debido a  que “estaría optando por ceder nuestra energía a mercados externos, a costa de un grave impacto ambiental y social para el país”. Les presentamos el pronunciamiento.

REVISIÓN DE ACUERDO ENERGÉTICO PERÚ – BRASIL EXIGE DEBATE PÚBLICO y MULTISECTORIAL EN EL PRÓXIMO CONGRESO DE LA REPÚBLICA

Los abajo firmantes expresamos nuestra profunda preocupación ante la intención de aprobar, de manera apresurada e inconsulta, el Proyecto de Ley N° 4750/2010-PE, “Acuerdo entre el Gobierno de la República del Perú y el Gobierno de la República Federativa del Brasil para el suministro de electricidad al Perú y exportación de excedentes al Brasil” (conocido como Acuerdo Energético Perú - Brasil) en la presente legislatura, próxima a culminar.

Aprobar el mencionado Acuerdo Energético, tal como ha sido firmado por los ministros de Energía y Minas de ambos países, significaría hipotecar una de nuestras principales fuentes energéticas -la hidráulica- para satisfacer demandas externas, a un alto costo socioambiental para el país.

Al respecto, cabe resaltar que no se han analizado y debatido públicamente los requerimientos energéticos nacionales, ni menos aún el uso de otras posibles fuentes de energía renovables con tecnología limpia para satisfacerlos. Por el contrario, con el Acuerdo, se estaría optando por ceder nuestra energía a mercados externos, a costa de un grave impacto ambiental y social para el país. Más aún, la aprobación del Acuerdo comprometería negativamente cualquier esfuerzo serio de planificación para un desarrollo sostenible a largo plazo y que tome en cuenta nuestra real y futura demanda energética para cubrir prioritariamente el mercado nacional.

Los serios riesgos y consecuencias que tendría este Acuerdo, tales como el desplazamiento de miles de personas, la deforestación y la inundación de bosques, entre otros impactos socioambientales, debería ser analizado y revisado con la más amplia difusión y con la participación activa y representativa de la sociedad civil y de las organizaciones indígenas afectadas. En ese sentido, se debe garantizar el respeto a los derechos de los pueblos indígenas estipulados en el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el mismo que ha sido ratificado por el Perú.

Esta es una gran oportunidad para que el Congreso de la República conduzca un real debate en el que se escuche a todos los actores involucrados, asegurando la participación de los sectores relevantes, por lo que el Acuerdo debería ser revisado con detenimiento en la Comisión de Relaciones Exteriores, en la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, Ambiente y Ecología y en la Comisión de Energía y Minas.

Dadas las consideraciones previas, resulta evidente que este proceso de toma de decisiones sobre temas tan importantes para el desarrollo nacional requiere un período de análisis y debate que no podrá ser asumido por el actual Congreso de la República, cuyas funciones están por culminar. Por ello, exhortamos a los actuales y próximos congresistas de la República a que se asuma un compromiso para que el Acuerdo en cuestión sea debatido y consensuado por el Congreso entrante, considerando claramente criterios, objetivos, beneficios y riesgos sociales, económicos y ambientales; así como medidas preventivas para mitigar los ostensibles impactos que, aislada y acumulativamente, tendrán los proyectos hidroeléctricos promovidos por el mismo. Esto, con la finalidad de generar las capacidades y condiciones necesarias para la seguridad energética nacional, el respeto a los pueblos indígenas y la conservación de la Amazonía.

Los congresistas de la República tienen hoy la oportunidad y responsabilidad histórica de abrir a debate público el Acuerdo Energético Perú – Brasil, priorizando condiciones favorables para el país, y garantizando así un futuro sostenible para todas las peruanas y peruanos.

Lima, 10 de junio del 2011

Amazónicos por la Amazonía – AMPA, Asociación para la Conservación de la Cuenca Amazónica – ACCA, Central Ashaninka del Río Ene –CARE, Centro de Sostenibilidad Ambiental -CSA-de la Universidad Cayetano Heredia, Derecho Ambiente y Recursos Naturales –DAR, Escuela Amazónica de Derechos Humanos, Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), Federación Agraria Departamental de Madre de Dios (FADEMAD), Forum Solidaridad Perú, ProNaturaleza – Fundación Peruana para la Conservación de la Naturaleza, Instituto del Bien Común – IBC, Servicios Educativos Rurales – SER, Sociedad Civil por la Interoceánica Sur – SOCIT, Sociedad Peruana de Derecho Ambiental – SPDA, Sociedad Zoológica de Francfort, World Wildlife Fund - WWF

José Alvarez Alonso,Jan Baiker, Laura Cancino Borge, Carlos Cañas Alva, Anna Cartagena Sotomayor, Pável Cartagena,Mariano Castro S.M., Richard Chase Smith, Marc Dourojeanni, Nurymar Feldman Delgado, Alfredo Ferreyros, Alfredo García Altamirano, Robert Guimaraes, Luisa Elena Guinand, Carlos Llerena Pinto, Bruno Monteferri, Samuel Morante Bardelli, Alfredo Novoa Peña, Roberto Ochoa Berreteaga, Renzo Piana Arenas, Karina Pinasco Vela, José Purisaca, Fernando Rubio del Valle,  Alberto Suárez, Enrique Ortiz , José Serra Vega, Mariana Varese Zimic, Víctor Zambrano Gonzáles .Presidente de la Comunidad Isuyama, Madre de Dios.